En su declaración, expresó su desviación categórica de cualquier prejuicio en su legitimidad fuera del marco de elecciones transparentes y justas, que incluyen a todas las autoridades políticas.
La declaración enfatiza que el Gobierno de la Unidad Nacional es el único gobierno legal, y que cualquier cambio en ella se lleva a cabo solo a través de encuestas que piden respeto por la voluntad del pueblo libio y rechazan todos los intentos de provocar y subastas políticas dirigidas al gobierno, la ciudad y sus habitantes.
En un contexto relacionado, la declaración requería el final de todos los fenómenos armados en el país y el desmantelamiento de todos los grupos armados en sus diversos nombres, enfatizando que las armas no deben estar fuera del estado, y que no hay legitimidad de ningún poder que no obedezca el orden de poder legal.
La declaración atacó en gran medida al parlamento libio y rechazó “su desarrollo de la formación de un nuevo gobierno”.
En conclusión, se enfatizó que Misurata observa el borrador del estado civil basado en las instituciones, el estado de derecho y la circulación pacífica del poder, advirtiendo contra el regreso a los proyectos de tiranía y militarización, y enfatizando que la ciudad seguirá siendo una fortaleza para la democracia y una palanca para el proyecto nacional inclusivo.
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